José Luis Amaya Huerta

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La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, específicamente las relativas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, representa un paso importante en el ejercicio constitucional de la división de poderes en el país, porque abona a consolidar un sistema de pesos y contrapesos que dan equilibrio a la República en beneficio de los ciudadanos.
Luego de la impugnación presentada por los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, PRD; Acción Nacional, PAN; Revolucionario Institucional, PRI, y Movimiento Ciudadano, y derivado del análisis sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo correspondiente, los nueve ministros que votaron a favor del proyecto presentado por el ministro ponente Alberto Pérez Dayán, coincidieron en que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.
En ese tenor, el máximo tribunal del país determinó la invalidez de las reformas a las leyes citadas, por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente al principio de deliberación informada y democrática, así como a los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
Desde hace 15 años, la Suprema Corte ha resuelto en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa.
Con esta resolución, la Corte refrendó su papel como Tribunal Constitucional de México, cuyo propósito es proteger que la Ley Suprema sea cumplida por todos los poderes de la Unión y demás autoridades de la república.
En términos de la Constitución, la Corte también estableció que habrá de vigilar el cumplimiento de los límites que ahí se establecen, para el ejercicio de cualquier poder público, entre ellos el Poder Legislativo, que deberá, en todo momento, promover la deliberación parlamentaria, respetar el debido proceso y garantizar los derechos de las minorías parlamentarias.
En ese sentido se inscribe el principio de legitimidad democrática, según el cual, la división de poderes permite poner límites y somete, en última instancia y con base en la Constitución, a los órganos del Estado al control político de la ciudadanía.
Al respecto, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la Cámara Alta, reconoció que la Corte enmendó la plana del Poder Legislativo.
“La Corte decidió la primera parte del plan B y nosotros estamos muy claros en que hay que observar la resolución”, aceptó el legislador, al señalar que se trata de la decisión de la última instancia jurisdiccional que revisa los actos del Legislativo en los actos de inconstitucionalidad, tal como lo establece la Carta Magna.
Monreal subrayó que la Suprema Corte es parte de la República, “es uno de los poderes y lo que se refleja es que como nunca hay un equilibrio, hay un contrapeso en las decisiones que se toman”.
El legislador explicó que la Corte lo que ha hecho, es mantener viva la existencia de la división de poderes y de pesos y contrapesos. “Yo soy de los que piensan que debemos respetar el estado de derecho, la legalidad y la constitucionalidad de los actos, como constitucionalista me alegra que haya contrapesos”, refirió.
Sin embargo, el senador zacatecano también reconoció que en el país hay un déficit de justicia que se traduce en corrupción y nepotismo, donde los miembros del Poder Judicial están muy separados de la realidad.
“Como constitucionalista me alegra que haya equilibrio de poderes y que por primera vez en México haya pesos y contrapesos después de casi dos siglos”, concluyó.
Desde esa tesitura, al margen de interpretaciones de carácter político o ideológico-partidista, la decisión de la Corte constituye un acto genuinamente republicano, con apego al principio del respeto a la división de poderes, en beneficio de los mexicanos.