José Luis Amaya Huerta

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De acuerdo con la teoría de la división de poderes, que es el fundamento del estado contemporáneo, el equilibrio en el ejercicio del poder a través de un sistema de pesos y contrapesos políticos es la mejor garantía para la protección y respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos.
De este modo, al evitarse la concentración del poder en una sola persona o un solo órgano de gobierno, se pone un freno a los abusos y excesos de quien lo ejerce y se dejan a salvo los derechos de todos, no solo de las mayorías, sino también de las minorías políticas.
Por eso, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto de la primera parte del plan B de la Reforma electoral, llama la atención que la estrategia emprendida por quienes hoy están en el poder, sea utilizar esa decisión como argumento para llamar a un Plan C, que no es otra cosa que convocar al voto masivo a favor del partido en el poder en las elecciones de 2024, con la intención de obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, para modificar la Constitución a su antojo, reformar al Poder Judicial según dicen y elegir a los ministros de la Corte a través del voto directo de la población.
En ese sentido, habría que preguntarse: ¿Por qué los ciudadanos mexicanos renunciarían voluntariamente a un sano equilibrio de poderes y al sistema de pesos y contrapesos para darle todo el poder a un solo hombre o mujer, o a una coalición gobernante?
Se ha dicho hasta el cansancio que más allá de las buenas intenciones, está demostrado que el ejercicio del poder corrompe, y que el poder absoluto, corrompe absolutamente. Luego entonces, ¿por qué los mexicanos renunciarían a un sistema de división de poderes que les garantiza la protección y respeto de sus derechos y libertades, para otorgarle a un solo grupo o partido el control de los poderes ejecutivo y legislativo, y que además pretende controlar al judicial?
En un sistema democrático plural y competitivo como el que los mexicanos han construido en las últimas décadas, darle todo el poder a un solo partido sería un grave retroceso, una vuelta al pasado, pues sería tanto como regresar a los tiempos del partido único, que derivaron en una auténtica dictadura tal como fue considerada la era del viejo PRI.
De ahí que la estrategia política adoptada, el llamado Plan C, más bien pareciera un acto de desesperación para tratar de fijar en la población la narrativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, son enemigos de los mexicanos, cuando en realidad han sido uno de los contrapesos más efectivos de que disponen los ciudadanos para frenar el abuso de poder y la arbitrariedad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En lo inmediato, la estrategia quizá le servirá al grupo gobernante para generar ruido político y tender una especie de cortina de humo para tratar de desviar la atención de la derrota política que significó la anulación del B.
No obstante, dada la imposibilidad de lograr los objetivos concretos que se propone, como son ganar la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión en 2024 para poder reformar la Constitución a su antojo, el asunto podría convertirse en un boomerang para sus promotores y resultar contraproducente en términos de aceptación popular.
Solo hay que recordar que la población ya se dio cuenta que la agenda del gobierno no es la agenda de los ciudadanos, pues ésta pretende, ante todo, beneficiar a los intereses del grupo en el poder.
Y los ciudadanos ya demostraron que tienen su propia agenda, que no es la del gobierno. Primero en las elecciones intermedias de 2021, cuando le retiraron su voto a la 4T en varias regiones del país, principalmente en la Ciudad de México y segundo, en las marchas masivas de noviembre de 2022 y febrero de este año, cuando de manera explícita señalaron que no están de acuerdo con la estrategia de desmantelar a las instituciones democráticas.
Así que el llamado Plan C no solo pareciera un sueño guajiro, sino que además, podría derivar, a la postre, en la gota que derrame el vaso y colme la paciencia de los ciudadanos.